El artículo 233 – 23 del Codi Civil de Catalunya establece que las obligaciones contraídas por razón de la adquisición (por ejemplo la hipoteca) o mejora de la vivienda, incluidos los seguros vinculados a esta finalidad, deben satisfacerse de acuerdo con lo dispuesto en los contratos en los que se constituyeron, y que los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas de devengo anual (IBI, basuras, etc…) corren a cargo del cónyuge beneficiario del derecho de uso.
Pero el Codi Civil de Catalunya no es de aplicación con anterioridad a enero de 2011, y si un Convenio Regulador previo a esa fecha recoge que a pesar de atribuirse a uno de los cónyuges el uso ambos cónyuges abonarán por mitad la hipoteca que grava dichos inmuebles, así como el IBI y los gastos de comunidad de los mismos y todos aquellos impuestos que recaigan sobre la propiedad, deberá estarse a lo convenido.
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En un Convenio Regulador pueden recogerse este tipo de pactos de naturaleza contractual, y una vez aprobado por sentencia, las obligaciones del mismo quedan amparadas con la posibilidad de iniciar el proceso de ejecución, por cuanto una de las partes que cumplió con su parte ve perjudicada su situación jurídica si la otra no cumple con su obligación en los términos en que se convino.
Las partes tienen la posiblidad de pactar sobre muchas más cuestiones de las que el Tribunal debe decidir con arreglo a la Ley, pero una vez ese pacto es homologado o aprobado por el Juez y se incorpora a una sentencia, es tan ejecutorio como cualquier decisión judicial, teniendo la misma eficacia ejecutiva respecto de todas las obligaciones de carácter patrimonial y naturaleza disponible (Auto dictado por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 29 de julio de 2015).
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