El 231 – 5 del Codi Civil de Catalunya deja claro que los alimentos son gastos necesarios para el mantenimiento de la familia, y que deben ir en consonancia con los usos y el nivel de vida familiar.
El importe de la pensión alimenticia se determina en proporción a las necesidades de los menores y a los medios económicos y posibilidades del progenitor obligado al pago, en función de sus recursos, sus posibilidades, medios económicos, e incluso las rentas y patrimonio.
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La Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en fecha de 16 de junio de 2011, se refiere a un supuesto en el que las necesidades escolares de tres menores se estiman en unos 1.000 euros mensuales, a los que debe añadirse 120 euros al mes de la mutua médica, más los de refuerzo extraescolar de uno de los hijos, el material escolar y deportivo no pagado por el colegio, colonias, gastos generales de alimentación, vestido, calzado, farmacia, habitación, canguro y ocio.
Teniendo en cuenta todo lo anterior se fija una pensión de alimentos a cargo del padre para los tres hijos de 2.000 euros, considerándose un importe ajustado y proporcionado a pesar de la disconformidad del obligado al pago (que no facilitó el conocimiento exacto de sus ingresos). El Tribunal tuvo en cuenta que el nivel de vida de ambos progenitores no podía calificarse de bajo, ya que mientras duró el matrimonio residieron en una vivienda unifamiliar en la zona alta de Barcelona con una elevada carga hipotecaria, y tras la separación, y a pesar de los problemas económicos que alegados por el padre, el nivel de vida aparente no bajó, continuando ambos viviendo en la zona alta de Barcelona y disfrutando de segundas residencias.
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