La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha de 27 de septiembre de 2016, acordó la nulidad de la sentencia recurrida, reponiendo las actuaciones al momento procesal oportuno de la segunda instancia para que, antes decidir sobre el cambio de la medida de guarda y custodia de una menor, la Audiencia Provincial acordase la práctica del informe psicosocial tras haber resuelto sin llevar a cabo una pericial psicológica admitida inicialmente.
El Alto Tribunal no entró en el resto de los motivos del recurso, considerando necesaria la subsanación del defecto consistente en no haber llevado a cabo la prueba pericial psicológica del padre y de la hija interesada y solicitada por ambas partes, al considerar necesaria la realización de estos informes psicosociales referidos a los dos litigantes y a la hija. La Audiencia Provincial acordó inicialmente practicar la citada prueba por el gabinete psicosocial adscrito al Juzgado, pero finalmente no lo hizo al estar la niña en Alemania y ante la falta de recursos para trasladarse a España, con el simple argumento de que no era posible su práctica.
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La sentencia citada señala que para resolver atendiendo al interés del menor es preciso que el juzgador tenga a su disposición datos fiables sobre la niña, sobre el padre y la madre, con el fin de adoptar la medida que mejor convenga a la niña con respeto a la posición de cada uno de los progenitores, y en función de lo que resulte más favorable para su desarrollo físico, intelectivo e integración social, posibilitando la relación con ambos, dado que sólo si el cambio de residencia afecta a los intereses de la menor, podría conllevar un cambio de la guarda y custodia.
El Tribunal deberá valerse del instrumento de la comisión rogatoria para practicar la prueba pericial psicológica.
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