La consulta vinculante V3457-15 a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Dirección General de Tributos, se refiere a un supuesto en el que se pretendía la disolución de la comunidad por parte de dos dueñas por mitad y en proindiviso de dos locales comerciales que querían poner fin al proindiviso de los dos inmuebles sobre los que eran titulares al 50 por 100, llegando a una nueva situación en la que cada una de ellas ostentase el 100 por 100 de cada inmueble, sin efectuar compensaciones en metálico al ser ambos de valores similares. La citada consulta resolvió considerar que en la operación descrita en la misma se podían dar dos convenciones diferentes: la disolución de la comunidad de bienes y un exceso de adjudicación.
Respecto a los excesos de adjudicación en el reparto de los bienes, en cuyo caso se produciría también la sujeción a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas en los términos previstos en el artículo 7.2.B) del TRLITPAJD, si este es oneroso, y en el Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones si es lucrativo, para que no exista el exceso de adjudicación a favor de uno de los comuneros deberá adjudicarse bienes a cada uno en proporción a su cuota, y compensarse las diferencias que resulten a favor de uno u otro en metálico, tal y como establece el artículo 1.062, párrafo primero, del Código Civil (“Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero”). Los Tribunales Económico-Administrativos vienen considerando a los inmuebles como «un bien que si no es esencialmente indivisible, si desmereciera mucho por su división» (Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid: Resoluciones de 15 de junio de 1992 y 8 de junio de 1995).
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En el caso concreto no se dan excesos de adjudicación ya que la comunidad de bienes está compuesta por dos inmuebles, y en la disolución de la misma cada una de las comuneras recibirá uno de ellos de aproximadamente el mismo valor. Por lo tanto, la operación pretendida sólo tributaría por el concepto de actos jurídicos documentados.
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